El autor se dirige a Dolores Delgado, tras su entrevista en EL MUNDO, para rogarle que durante su mandato haga el esfuerzo por lograr un modelo de fiscal de verdadero sentido constitucional.

A veces, la mejor manera de dirigirse a la gente es hacerlo a uno en particular. Ese uno, en ocasiones, puede ser uno mismo, aunque lo normal es que el destinatario sea otro. Esto es lo que haré hoy al escribir a una. Se trata de la muy ilustre señora fiscal general del Estado, doña Dolores Damián Delgado García, que es como figura en el último escalafón de la carrera fiscal que tengo a mano. Mas antes de comenzar, aclaro que la idea me ha surgido después de leer el pasado lunes la entrevista en EL MUNDO a la señora Delgado, obra de un gran periodista llamado Esteban Urreiztieta. Veamos.

Excelentísima señora:

Como la relación existente entre ambos no tolera un encabezamiento menos solemne y, además, yo soy muy institucional, ruego de usted que comprenda el formalismo que empleo y entienda que este envío sea más protocolario que afable. También le pido que sepa disculpar a este humilde abogado la licencia que se toma y tenga a bien disponer un buen ánimo y no peor miramiento.

En todo caso, y con ello concluyo esta especie de prologuillo de andar por casa, cúmpleme anticiparle que mi aspiración no es hacer, por prudente, un ejercicio de censura en su contra. Yo no soy nadie para juzgar a nadie y menos que a nadie, a usted. Mis deseos, que no me atrevo a expresar, dado que apenas nos conocemos, son muchos más elementales.

Aunque sea comenzar por el final, quisiera, en primer lugar, salir al paso de la declaración que hace cuando es preguntada por el almuerzo, en octubre de 2009, con varios policías y el entonces juez Baltasar Garzón, asunto del que se considera «víctima». Al respecto, señora, tengo que decirle sí y no. Sí cuando declara que en ese procedimiento rotulado como caso Tándem serán los tribunales quienes pronuncien la última palabra. Sin embargo, niego que con esa conversación fuera usted denigrada. Aparte de que el lenguaje empleado por unos y otros comensales fuera de una procacidad y sordidez extremas, me permito mencionarle las críticas de las carreras judicial y fiscal por contar que durante un viaje a Cartagena de Indias usted vio a un grupo de «tíos del Supremo y de la Fiscalía General con menores de edad». Fueron palabras que produjeron estupor en los aludidos y se calificaron de difamación. Estoy convencido de que, tras lo ocurrido, habrá recordado usted que cuando apenas era una alevín de fiscal, su preparador de oposiciones y sus profesores de la Escuela Judicial le enseñaron que los jueces y fiscales tenían que mantener siempre la compostura y el decoro y, desde luego, saber con quién o quiénes jamás habrían de reunirse.

Muy especiales son las palabras de su entrevista dedicadas a la independencia del Ministerio Fiscal y a las sospechas de no ser la persona más idónea para ocupar ese puesto, pero en contra de lo que piensa o finge que piensa, poniendo gesto de que está pensando, y así lo deduzco de una de las fotografías que adornan el reportaje, no olvidará usted las malas caras con que su nombramiento fue recibido en sectores judiciales, debido a sus afinidades ideológicas y origen político, sobre todo por haber sido antes ministra de Justicia. Siento contrariarla, pero su respuesta a la pregunta de si «no considera que ese nombramiento compromete la imagen de la Fiscalía», no rezuma, precisamente, convicción, sino, muy al contrario, debilidad argumental. Y es que usted sabe bien que para situar al Ministerio Público en el lugar que constitucionalmente le corresponde es necesario evitar que sobre el cargo que ejerce gravite la sospecha de que, por sus antecedentes políticos, será correa de transmisión del Gobierno.

Las cosas son como son, señora, y no como usted quiere que sean, lo que no significa, quede claro, que lo mismo que cualquier fiscal y al igual que todo hijo de vecino, tenga usted sus ideas políticas, elija la radio, la cadena de televisión o el periódico que más le satisfaga y vote a quien tenga por conveniente. Nadie es apolítico y, si lo es, allá él. Pero seamos sinceros y reconozca que en los últimos tiempos ha sido usted muy generosa, e incluso pródiga, en su exhibición como mujer de partido. Un fiscal general no es de nadie, ni tiene dueño. Como defensor de la legalidad y titular de la acción penal pública, el fiscal debe estar exento de cualquier influjo extraño o partidista.

El tiempo lo dirá, pero creo que su designación fue un mal paso al carecer de la independencia suficiente

El tiempo me dirá si estoy o no en lo cierto, pero por lo expuesto creo que su designación fue un mal paso al carecer de la independencia suficiente para dar vida al modelo de fiscal que la Constitución quiere. Precisamente por esto que le digo y que lo hago sin merma de los debidos respetos, habrá de cuidar mucho el sistema de nombramientos dentro de la carrera fiscal. Naturalmente, me refiero a los discrecionales, no a los reglados. Usted sabe que un fiscal de cuerpo entero, lo mismo que un juez de cuerpo entero, se eleva por sí solo a las altas nubes del prestigio. Hay que discernir el grado de la paja y el Consejo Fiscal que usted preside ha de apostar por situar en lo más alto a los mejores en sabiduría y buen hacer profesional, género, por cierto, que no escasea en la carrera.

En otro pasaje de su larga entrevista, portada y tres páginas, se muestra usted convencida de la necesidad de atribuir a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos. Aunque ya se lo había oído decir en ocasiones precedentes, quisiera señalarle que con frecuencia he defendido esa tesis, entre otras razones porque sería el modo de liberar a los jueces de un trabajo que no es, en sentido estricto, jurisdiccional, pero también he sostenido y, por el momento, sigo haciéndolo, que esa reforma procesal no puede llevarse a cabo con un Ministerio Fiscal que, en principio, carece de la imparcialidad típica del Poder Judicial. Con lo que estamos viendo, no hace falta ser un lince para dibujar el oscuro panorama de la instauración del fiscal instructor. Hay otro aspecto que usted no ignora, cual es que sin una modificación de la plantilla de la carrera fiscal cualquier reforma resultará superflua. Los fiscales en España son menos de la mitad de los jueces de instrucción y no siendo posible ni deseable hacer nuevos fiscales de la noche a la mañana, resulta impensable que los actuales hagan bien lo que no pueden hacer bien el doble número de jueces.

Voy terminando, excelentísima señora. Lo hago con una confesión y un deseo. La primera, es que he escrito esta carta con el propósito de rogarle que durante su mandato haga el esfuerzo por lograr un modelo de fiscal de verdadero sentido constitucional; que trabaje usted por la conquista de un paradigma de fiscal que defienda a los que son o pueden haber sido perjudicados de un delito; que, como dice en la entrevista que da pie a estas líneas, en el drama de la Covid-19 en el que «la verdad y las víctimas son una prioridad, se investigue todo». Y que nunca olvide que, en palabras de la Constitución y del Estatuto del Ministerio Fiscal, no hay independencia sin responsabilidad.

En cuanto al segundo, si es verdad y así lo dice, que es usted una mujer que nació para fiscal, que ha ejercido la profesión con una vocación de la que presume, que se define y de este modo se expresó el 20 de febrero pasado en el Congreso, como una «fiscal de trincheras» y que, según el Registro Civil, en noviembre cumplirá 58 años, circunstancia que tampoco ha de preocuparle, pues ya se sabe que cuando se es joven, se es para toda la vida, ojalá que, una vez jubilada, sea usted recordada como una fiscal general del Estado que habitó en ese Palacio del Marqués de Fontalba, situado en el número 17 del Paseo de la Castellana de Madrid, ejerciendo una función que sólo se entiende caminando por el sendero sin fin de la conciencia tranquila y el sentimiento del deber cumplido.

Quedo suyo para un futuro no lejano en el que los dos hablemos de nuestro respetable y querido Ministerio Fiscal.

 

** Javier Gómez de Liaño fue magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial. Hoy es abogado