La decisión del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, de retirar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en el caso Dina o, si se prefiere, en la pieza separada número 10 de las diligencias previas 96/2017, ha constituido para el conjunto de los ciudadanos y, en especial, para la gente del Derecho una gran sorpresa y preocupación. También en mí, que siempre he creído en la Justicia en el sentido orteguiano y que, cuantas veces tengo la oportunidad, hago pública mi fe. Con ese sentimiento escribo el presente comentario. Lo hago a modo de conclusiones provisionales, por eso de las presunciones a favor del reo.

Desde un punto de vista jurídico, merece calificarse de inaceptable la actitud de Pablo Iglesias, que, tras comparecer ante el juez el 27/03/2019, ser tenido como ofendido de un delito, recibir el oportuno ofrecimiento de acciones y prestar declaración como testigo –ese era su estatuto procesal en aquel momento–, se descubre, poco tiempo después, que de perjudicado no tiene nada y, en sentido opuesto, sí y bastante de responsable de los hechos investigados. Y es que, lejos de ser víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, hay sospechas fundadas de que fue él quien se apropió de la tarjeta SIM del teléfono móvil de la tal Dina Bousselham, antigua asistente suya, y la retuvo en su poder largo tiempo, durante el que parte del contenido íntimo se hizo público a través de varios medios de comunicación.

Salvo error u omisión, y hasta donde la memoria me alcanza, no hay en los archivos de la Audiencia Nacional un precedente como el sentado por el magistrado señor García-Castellón, al mandar al señor Iglesias, y nunca mejor dicho, a hacer puñetas. Así se puede leer en el auto de 18/06/2020 que desestima el recurso de reforma contra el de 25/05/2020 en el que, a petición del Ministerio Fiscal, acuerda revocar al señor Iglesias la posición de acusador particular por no respetar las reglas de la buena fe procesal o por fraude de ley, que viene a ser lo mismo, y que son prácticas repudiadas por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero hay más indicios en contra del señor Iglesias. Me refiero a los de haber incurrido en un delito de falso testimonio, tipificado en artículo 458 del Código Penal (CP), al faltar a la verdad en su declaración judicial, o, en su caso, en el 460, por haberla alterado con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que conocía.

Pese al axioma de que los testigos son el oído y el ojo de la Justicia, lo cierto es que esta prueba es la más falaz de todas, con lo cual resulta necesario que cualquier testimonio haya de ser examinado con un espíritu mucho más crítico que el resto de las pruebas y que hasta los menores detalles deban ser meticulosamente analizados. Esto es lo que, por la lectura de sus dos autos, parece que el magistrado Manuel García-Castellón ha hecho con la declaración del señor vicepresidente del Gobierno, y he de decir en su honor –me refiero al del primero– que, desde el conocimiento adquirido en los muchos años que llevo en la jurisdicción penal, estoy en condiciones de afirmar que no es frecuente ver unas resoluciones tan meticulosas en la descripción de los hechos, ni tan fundadas en Derecho como las dictadas por el señor magistrado para dejar fuera del proceso, como acusador particular, al señor Iglesias.

Ahora bien, para ser sincero, también digo que, a partir, precisamente, del contenido de ambas decisiones judiciales, en donde no se habla de vagas indicaciones o de livianas sospechas de que Pablo Iglesias faltó a la verdad en la narración de los hechos por los que fue preguntado y sí del resultado lógico de un comportamiento que, racionalmente, puede dar origen a esa responsabilidad penal, entonces la siguiente resolución de su señoría tendría que ser, cosa que no cabe descartar, deducir testimonio de esos particulares falsarios, incoar nuevo procedimiento y, dado el privilegio procesal del investigado, conforme a los artículos 71.3. y 102.1 de la Constitución y 57.1.2.º de la LOPJ, remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a las que se acompañará una exposición razonada de los indicios cualificados, no meras conjeturas, que se dan contra el aforado Iglesias.

Entre los tipos de testigos que se mencionan en los manuales sobre la prueba en materia penal, a mí el que más me inquieta, y creo que es en el que Pablo Iglesias encaja, es el testigo sospechoso, pues es quien ofrece mayores motivos para el recelo.

El interés, directo o indirecto, que el falso testigo tiene en el desenlace del proceso le aparta sin remisión del camino de la verdad. O la enemistad, lo mismo que la amistad, que quizá sea la causa de sospecha con superior fundamento. O el despecho. Téngase en cuenta que bajo el yugo de la pasión, que no otra cosa es el resentimiento, las manifestaciones del enemigo, sea de la clase que sea, se anteponen al deber, incluso a la santidad del juramento, en el supuesto de aquél que, en lugar de prometer, ha preferido esa fórmula de compromiso.

En fin. Estas reflexiones y otras que, por cuestión de espacio, no puedo exponer me recuerdan algunos episodios, como el que vivió un fiscal allá por los años cuarenta y que me contó siendo yo un joven licenciado en Derecho:

–Diga usted su nombre, apellidos, domicilio, estado civil y profesión, inquirió el juez.

–Me llamo Ramón Seoane, natural y vecino de Bande, casado, padre de cinco hijos y de profesión testigo.

Al parecer, el tal Ramón, los días de juicios, después de sus primeras copas de aguardiente, se ponía a la puerta del juzgado y esperaba a que algún denunciante o denunciado, demandante o demandado le pidiese que le echase una mano porque el asunto estaba complicado y podía perder el pleito.

Es más que probable que en personajes como éste se inspiren muchos de los testigos que hoy son llamados a decir la verdad. Son individuos que declaran no lo que saben y deben decir, sino lo que, previamente adiestrados, se proponen afirmar para beneficiar o perjudicar al acusado. Se me ocurre si acaso que, más que personas cuyos testimonios merecen ser puestos en cuarentena, son gente que no quiere abdicar de su natural desprecio por la justicia y la verdad.

Un viejo aforismo reza que la mentira es menos notoria que el error. Sin embargo, en ocasiones los embustes del testigo falso se descubren antes que los yerros. Hay testigos que mienten apenas abren la boca o después de los primeros balbuceos. Verbigracia, cuando niegan tener interés en el asunto. Y los hay que persisten en la falsedad hasta el instante último en que el juez les invita a retirarse. Son sujetos que cada vez que contestan a sus señorías convierten sus deposiciones en eso, en deposiciones. Parafraseando el proverbio ruso, son peces muertos que flotan en el mar de la mentira.

Perjuro, o sea, el que jura o promete en falso o quebranta maliciosamente el juramento o promesa que ha hecho, es un adjetivo demasiado enérgico e incluso algo deshonroso, pero quizá también sea el que muchos piensan que mejor cuadra a don Pablo Iglesias Turrión. En cualquier caso, el perjuro debe saber que la verdad tiene mucha memoria, y que cuando menos te lo esperas ejerce súbita venganza. No se olvide que el pueblo, o sea, los ciudadanos con derecho a voto, que suele ser sagaz en la adivinación de la verdad, llama embusteros a los volatineros de la palabra que osan engañar al prójimo. Pues eso, señor vicepresidente segundo del Gobierno.

Otrosí digo dirigido a la abogada doña Marta Flor Núñez, en la seguridad de que entenderá el porqué de la dedicatoria de un colega. Sea el abogado medido en las palabras y en lo que hace, actúe con ciencia y conciencia, guíese por la brújula de la lealtad procesal y no procesal, huya de tentaciones aviesas, renuncie a bastardos intereses y no tenga gestos de los que a no tardar habrá de arrepentirse, pues ello afecta a la probidad y perjudica mucho al crédito propio y de la profesión.

***Javier Gómez de Liaño es abogado. Fue magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial