En un momento en el que los políticos no pasan por su mejor momento de credibilidad, el autor reflexiona sobre cómo dañan la calidad democrática las falsedades en el debate público.

La mentira no es patrimonio de nadie. Esto casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que, según las estadísticas, la mentira abunda más entre los políticos, quienes, llegado el caso, se preguntan ¿qué me importa ser mentiroso, si mi mentira ha de ser tomada como verdad?, con lo cual cualquier intento de moralizar a esas personas choca con su soberbia. Al grito de ¡yo soy la verdad! y con la inestimable ayuda de fieles y asalariados, las mentiras del político, sobre todo de los que tienen poder, pueden pasar por sentencias firmes, ignorando que todo edificio construido sobre el cimiento de la mentira termina hundiéndose.

Es cierto que hoy los políticos no pasan por el mejor momento de credibilidad, aunque no lo es menos que nunca han tenido buena prensa en eso de decir la verdad. Recuérdese el desprecio que George Orwell sentía por ellos, al calificar el mundo de la política como «un montón de mentiras, fraudes, estupidez, odio y esquizofrenia», algo no muy distinto a lo que en los últimos meses se oye del Gobierno. Desde la oposición parlamentaria hasta los medios de comunicación, pasando por un buen número de ciudadanos, no son pocos los que piensan que la mentira es la divisa de este Gobierno. Expresiones como «miente descaradamente y sin pudor», «vive con la mentira y de la mentira», «Pedro Sánchez seguirá mintiendo para perpetuarse en el poder», «no tienen dignidad, ni vergüenza», «insultan al pueblo con sus mentiras» y otras frases de semejante calibre se han podido leer y escuchar en estos tiempos de epidemia por la Covid-19.

Una de las mentiras políticas más sonoras de la temporada es la que se atribuye a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por justificar la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en la «falta de confianza» o en que la remoción respondió a una «reestructuración de los equipos», pues, según se ha sabido por una nota interna del propio ministerio, el motivo real fue no haberle informado de una investigación que miembros del Instituto Armado, en funciones de policía judicial, realizaban siguiendo instrucciones expresas de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en un procedimiento incoado, entre otros, contra el delegado del Gobierno por haber autorizado la manifestación del 8-M, y que el viernes fue sobreseído.

Lo que el ministro Fernando Grande-Marlaska necesita es un abogado que sea un experto en el engaño

No sé bien hasta qué punto el ministro del Interior faltó a la verdad al decir lo que dijo en sus difíciles y complicadas comparecencias públicas para explicar lo que, a juicio de muchos, carece de explicación. Es probable e indicios no faltan, que en esta historia haya mentido, pero también cabe que fuera porque los veloces acontecimientos le produjeran una pérdida transitoria de la verdad. Quede claro, en todo caso, que con este comentario no pretendo sumarme al reproche de mentiroso que Fernando Grande-Marlaska ha recibido de algunos diputados y de otros sectores sociales e institucionales. Mi propósito, por tanto, no es dirigir el dedo acusador contra él. Es más. Ni siquiera lo haría si, llegado el caso, el ministro reprodujera su versión en una comisión de investigación y pudiera colocarse en la linde del artículo 502.3. del Código Penal. Yo no soy nadie para juzgar a nadie y menos que a nadie, a quien durante muchos años he considerado un buen juez. Tampoco mi papel es el de defensor, pues lo que Fernando Grande-Marlaska necesita es un abogado que no esté contaminado por un viejo afecto, cosa que a mí me ocurre y, además, que sea un experto en el engaño, condición de la que carezco.

Insisto. Para mí, Fernando Grande-Marlaska fue un buen juez. Por eso, lo que más pudiera dolerme de su actitud es que haya olvidado lo que supo siempre: que la mejor forma de ser justos es la de proceder siempre con la verdad por delante y que la mentira no se concibe en un hombre honrado. El hombre de leyes suele tener una fuerza en la que se pintan todas las resistencias. De ahí que piense que el mayor error de los cometidos haya sido no haber hecho examen de conciencia y confesar a su debido tiempo. Como decía el editorial de El País del 4 de junio, «(…) La línea que ha sobrepasado Grande-Marlaska es la de la obligación de decir verdad en sede parlamentaria. El Congreso ha quedado reducido a una caja de resonancia donde lo mismo vale decir la verdad que las falsedades, a condición de que sean útiles a los propios intereses».

Según se ha publicado en varios sitios, Fernando Grande-Marlaska lleva tatuado en el brazo el lema Ni pena ni miedo. También es el título de una especie de autobiografía. Del tatuaje solo sé que se trata de una figura que el poeta chileno Raúl Zurita colocó en el desierto de Atacama. El segundo, que sí he leído, es el sumario de una declaración de buenos principios, en la que destaca su compromiso de coherencia con lo que cree. Por eso, mi consejo es que vuelva a la carrera judicial y que cuanto más pronto lo haga, mejor. Demorar el retorno por encima de lo conveniente puede hacer que cuando vuelva a ponerse la toga ni él mismo se reconozca o que la gente con la que se cruce califique el encuentro de terrible tropiezo. No se olvide que más lamentable que la mentira es su secuela de que en lo sucesivo nadie se fiará de tu palabra. La mentira es como una bola de nieve: cuánto más rueda, más grande se hace.

Negar la verdad es adulterio del corazón, nos enseña el clásico y de verdades aderezadas con mentiras se apacientan las almas, dice Gómez de Liaño –no yo, sino Ignacio, mi pariente el filósofo–, al tiempo que nos recuerda lo que Hannah Arendt refiere en su obra La mentira en política, donde sostiene que «la deliberada negación de la verdad fáctica –la capacidad de mentir– y la capacidad de cambiar los hechos –la capacidad de actuar– se hallan interconectadas. Deben su existencia a una misma fuente: la imaginación. (…) Las mentiras resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la razón, que la realidad, dado que el que miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír». La mentira es un instrumento del poder político, pero no se permite que sea un arma al alcance del ciudadano. El universo de la política está muy lejos de moverse empujado por la verdad y rinde culto a la mentira porque es más fácil capitalizarla y hacerla rentable.

Ahora bien, por mucho que cada día luzca más, entre otras cosas, por miedo a la verdad misma, téngase presente que la mentira, además de síntoma de maldad, es prueba de falta de inteligencia. Sólo a los poetas les está permitido mentir. Fuera de ellos, las personas sensatas saben que donde la mentira descansa es en la estulticia, lo que hace que siempre deje cabos sueltos. Recuérdese a Abraham Lincoln cuando advertía de que «podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre, pero no podrás engañar siempre a todos».

Ayudados por las muletas de la torpeza y la maldad se arrastran los políticos mentirosos. El único dogma humano es la verdad. En esta defensa de la verdad estriba la condena de la mentira. Echemos tierra sobre la mentira y sin llegar al extremo de Michael Montaigne, cuando en el capítulo IX del libro I de sus Ensayos, afirma que mentir es un vicio tan maldito que hay que perseguir al mentiroso hasta la hoguera e incluso cuenta que en algunas tribus indias a quien mentía se le sacaba la sangre de la lengua y de las orejas, pues era la única manera de lavar la mentira proferida y oída, convengamos que el mejor castigo para el político embustero –también para al aficionado– es el de no ser creído jamás aunque alguna vez dijese una verdad.

En El proceso, de Kafka, se puede leer el siguiente diálogo:

– No, no hay que creer que todo sea verdad; hay que creer que todo es necesario.

– Una opinión desoladora. La mentira se ha convertido en el fundamento del orden universal.

** Javier Gómez de Liaño es abogado. Fue magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial.