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Hay que juzgarlos

Un aficionado a las historietas judiciales me cuenta que el pasado día 6, festividad de san Martín de Porres, fraile afroamericano, antes barbero, herborista y curandero, el prófugo Carles Puigdemont, al conocer que el juez García Castellón había dictado un auto en el que le consideraba responsable de delitos de terrorismo, se dirigió a sus acólitos que estaban negociando con los representantes del PSOE para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y les dijo, para más señas, en castellano:

–Se acabó el carbón. No hay acuerdo que valga. En nombre del pueblo catalán al que aquí representamos, hemos de exigir que se juzgue a toda la panda de jueces fascistas que nos están haciendo la vida imposible, como acaba de hacer ese juez de la Audiencia Nacional en su particular guerra judicial y llamarme terrorista. Los de Madrid tiene que escucharnos. Han despreciado nuestra fuerza. Pedro Sánchez tiene que admitir que nosotros seremos los jueces de aquellos jueces.

Otras crónicas más disimuladas y complacientes, informan que lo que el señor Puigdemont manifestó fue que el procedimiento penal abierto en su contra por su participación, junto a otros de su entorno o partido, en los actos de terrorismo protagonizados por la organización «Tsunami Democratic» era una resolución judicial política, una aberración jurídica, de la que él era la principal víctima y que había que dar órdenes al fiscal General del Estado para que inmediatamente recurriera. También que, con la máxima urgencia, en el texto del acuerdo y concretamente en el capítulo dedicado a la  Ley de Amnistía, se pusiera textualmente –al parecer fue obra del licenciado y consejero jurídico Boye que gustosamente se ofreció a hacerlo por las secuelas favorables que para él podrían derivarse de la «morcilla»– que la norma debía incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum del 2017, habían sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Y puesto a exigir, igualmente ordenó añadir que en la ley se contemplase constituir en el futuro Congreso de los Diputados unas  comisiones de investigación para examinar en qué medida pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Aparte de que el texto en general esta reñido con la sintaxis, cosa que a mí no me sorprende por ser lo habitual en rábulas y zurupetos, junto a otras, con esta cláusula del acuerdo firmado a pachas entre JUNTS y PSOE, ambas partes parecen creerse sumos hacedores del bien, con olvido de que los representantes de la soberanía popular lo primero que tendrían que saber es que la justicia se administra por jueces y magistrados independientes e inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley y que cuando ellos y sus corifeos se sienten depositarios de los principios jurídicos de la humanidad –de su particular humanidad– la justicia chirría en sus goznes. Porque si aceptamos como premisa que los españoles cuentan con una elevada dosis de racionalidad y madurez política, la conclusión es admitir la vergonzosa evidencia de que uno de los objetivos de ese acuerdo y sus derivados es despreciar al poder judicial con argumentos y posturas injustificables. En lenguaje paladino y con no poca indulgencia, a esto se le llama la ley del embudo. Dicho sin respeto alguno, semejantes formas de proceder tienen el tufo de los vicios totalitarios y eso que habíamos llegado a creernos que el totalitarismo estaba ya muerto y enterrado.

Convendría saber, de una puñetera vez –dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo– y para no perdernos en el laberinto cuya clave muchos ignoran, que negar legitimidad al Tribunal Supremo o a cualquier otro órgano judicial puede ser un aliciente propio de políticos de tres al cuarto, pero en ningún caso forma adecuada para la construcción de algo tan importante como el Estado de Derecho. No obstante, pensándolo bien y aunque el asunto es grave, ya se sabe que a los fanáticos, la pasión, en lugar de ayudar, sirve para cegar sus mentes y torcer sus juicios.

Porque digan lo que digan los enemigos de España y de sus jueces –incluyo, naturalmente a las señoras juezas, que además son mayoría en el escalafón– que las personas que llegan a la judicatura suelen ser inteligentes y reflexivas, opinión que emito sin que nadie pueda tacharme de corporativista, pues pruebas no me faltan de ser crítico con algunos comportamientos y decisiones judiciales. Insisto, los jueces españoles tiene muy elevado grado de honestidad intelectual y meditan con seriedad los problemas que no tienen una respuesta sencilla. Es más. Diría que frente al tópico de que viven fuera de este mundo en una especie de torre de marfil, saben mucho de la vida, quizá porque alguna vez oyeron de boca de grandes magistrados aquello de que un buen juez es aquél que aprende no sólo en los libros de derecho, en los programas de oposiciones o bebe del manantial de la jurisprudencia, sino que también hace la calle como los buenos taxistas o las sufridas izas rabizas o colipoterras de las que nos habla Cela. Los jueces operan de acuerdo con un principio, no siempre reconocido pero a menudo presente, que los juristas denominan de legalidad. Probablemente se describa mejor como principio de legitimidad, ante cosas que se consideran ilegítimas, verbigracia, una ley con carácter retroactivo, el derecho a la tutela judicial efectiva. Los tribunales deciden las normas con las que identificar como ilegítimas acciones concretas y entre sus funciones relevantes está el impedir que los Gobiernos se excedan o abusen de sus poderes. Un proceso judicial no es un proceso consultivo o participativo, sino apelaciones a la ley y ésta es racional y posee coherencia analítica y rigor. Lo escribió con tino el sensacional juez estadounidense Learner Hand en un ensayo que escribió en 1942, al afirmar que no podía predecir si el espíritu de equidad y justicia que alentó la Constitución de Estados Unidos sobreviviría sin jueces que exigieran su cumplimiento.

Por cierto, qué bien les vendría a estos mercaderes del derecho a los que me estoy refiriendo, o sea, a los padres del Acuerdo JUNTS-PSOE, leer el final de la trilogía Orestiada de Esquilo, cuando Atenea, la diosa de la sabiduría justifica su intervención en el mundo de los mortales con esta frase: «Que ningún hombre viva sin control de la ley, ni controlado por la tiranía». Esto se escribió en el siglo V a. C., pero el mensaje es atemporal y universal. La ley es una alternativa al despotismo y para los jueces el imperio de la ley significa que, como independientes han de lograr que el derecho se aplique, cosa que cuando pertenecen al orden jurisdiccional penal tienen, entre otras, la misión de imponer límites punitivos al poder del Estado.

Llegado a este punto, como cuestión de fondo, tengo para mí que la regla que el presidente en funciones, el señor Sánchez, y los suyos, es decir los firmantes del acuerdo del pasado día 9, parecen manejar como principio básico de la democracia es el de la mayoría «suficiente», lo cual es un error, supongo que consciente, al olvidar que una mayoría sirve para autorizar la actuación del gobierno, pero no es suficiente para convertirlas en legítimas. Esta es la mentalidad retorcida de quien, en sentido opuesto, pretende crear una sensación injustificada de legitimidad por parte de los «otros» a los que, encima, con el lenguaje del más puro totalitarismo, se tacha de enemigos de la democracia, saboteadores del sistema y hasta de nazis,

En fin. Termino. Lo hago convencido de que en este asunto los tribunales competentes, comenzando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, están dando un gran ejemplo frente a las amenazas y ofensas recibidas, pues saben que la función de juzgar es pasto propicio para los desahogos de justicieros y que el oficio es una servidumbre que hay que llevar con resignada compostura. A la cabeza me viene aquello que decía Cervantes de que cuando la cólera se sale de madre, no tiene la lengua padre, ni ayo, ni freno que la corrija. En su lugar, han sido las cuatro asociaciones judiciales las que  han salido al quite y, al igual que otros colectivos de profesionales de la Justicia, han alzado la voz para denunciar que este asalto al Poder Judicial tiene como principal objetivo desbaratar la Constitución de 1978, que proclama la división de poderes, la independencia judicial, la igualdad de los españoles y la soberanía nacional.      

Y sí; claro que sí. Por supuesto que «hay que juzgarlos», que es el rótulo que he encabeza estas líneas. Pero no a los jueces que juzgaron o tienen pendiente de juzgar a los malhechores que ahora quieren someterlos a juicio a través de ese cuerpo extraño en la administración de justicia llamado «comisión de investigación» y que recuerda los viejos «juicios de residencia».

No. A quien en verdad hay que sentar en el banquillo para juzgarlos es a quienes, de un modo u otro, por acción u omisión, por autoría directa, cooperación necesaria o complicidad, atacan al poder judicial en su conjunto y a los jueces y magistrados en particular, sean tribunales unipersonales o colegiados. Es más. Se me ocurre que, por afectar de lleno a la estructura básica del Estado y al orden constitucional, bien podría hacer mediante el ejercicio de la acción popular reconocida a los ciudadanos en el artículo 125 de la Constitución. Hallar el tipo delictivo por el que aquellos habrían de ser procesados no sería una tarea ardua o peliaguda.

Otrosí digo. En 1934, año que la Generalidad de Cataluña, con Luis Companys a la cabeza, dio un golpe de Estado para fundar la República Catalana, Santiago Ramón y Cajal, nuestro Premio Nobel de Medicina, desde la cúspide de sus 80 años y una de las personas más preocupadas por España escribió: «En mi calidad de anciano, que se sobrevive, no puedo por menos que cotejar los luminosos tiempos de mi juventud, ennoblecidos con la visión de una patria común henchida de esperanzas, con los sombríos tiempos actuales, preñados de rencores e inquietudes».

He traído a colación estas palabras porque las considero imprescindibles en el análisis de la situación crítica que se vive en España por ese órdago independentista lanzado desde Cataluña y asumido irresponsablemente por el presidente del gobierno en funciones, señor Sánchez, que intenta destruir la unidad de España, el Estado de derecho y hasta la democracia. 

Sirva de premisa incontestable que en España sólo hay una nación que es la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Así lo proclama el artículo 2 de la Constitución. También, que España se forma de nacionalidades y regiones, pero no que sea una nación de naciones ni que nuestro Estado español sea plurinacional. Poder autonómico no es poder soberano y el único referéndum tolerado por la Constitución es el del artículo 168. Sólo el pueblo español en su conjunto puede disponer de la nación misma y de su definición.

Pese a lo dicho, a la vista está que en Cataluña y fuera de ella hay políticos y no políticos tercamente empeñados en entender la Constitución a su manera. E incluso no faltan quienes piensan que constitucional es todo lo que se quiere que sea constitucional, cuando es justo al revés. Para estos traficantes de leyes, la Constitución sería un papel en blanco en el que pueden garabatear lo que les venga en gana. «Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres» escribió Cicerón hace más de dos mil años. Si gobiernan las leyes no gobiernan los hombres ni, por supuesto, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de aquellos. No hace falta ser experto en Derecho Constitucional para saber que no hay democracia sin sujeción a la ley.

Lo sentenció Julián Marías en una «Tercera» publicada en ABC el 10 de febrero de 1994: «los nacionalismos son patéticos intentos de fingir naciones donde no las hay». Una tesis que a muchos nos recordó lo que Miguel de Unamuno, aquel gran español de estirpe vascongada, había advertido cuando calificó el nacionalismo de «chifladura de exaltados echados a perder por indigestiones de mala historia».

Es cierto. La proclamada «lucha por la autodeterminación» es una estafa democrática y la única explicación que cabe a este fraude de ley es que el nacionalismo nunca fue una doctrina política y sí una ideología que está más cerca del acto de fe que de la racionalidad propia de la cultura democrática.

A mi juicio, no existe en todo el arsenal del separatismo catalán un solo argumento que lo justifique y cualquier intento secesionista es pretender dinamitar los pilares básicos de la nación española. Querer sacar las cosas de quicio es tan vano como ingenuo. Por eso, hay que plantarles cara, hacerlo sin complejos y en nombre de la libertad. La pasividad de algunas autoridades del Estado, empezando por sus sucesivos gobiernos y la actitud servil que se ha mantenido hacia los nacionalistas es lo que ha hecho y sigue haciendo que el nacionalismo esté vivo y prospere.

Admito que la tesis pueda ser algo apocalíptica, pero no menos que desoladora es la España descuartizada que algunos desean ver.

Artículo publicado en Libertad Digital el 13/11/2023

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