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Carta a un fiscal general del Estado no idóneo

Sr. D. Álvaro García Ortiz. Fiscal General del Estado.

Muy señor mío:

Aunque en las cartas e instancias oficiales el tratamiento que se da al destinatario suele ser distinto, aquí, para demostrar que nada le pido, permítame utilizar esta fórmula tan poco administrativa y protocolaria. También le ruego que sepa disculpar a este humilde abogado la licencia que se toma y tenga a bien disponer un buen ánimo y no peor miramiento.

Tras el prólogo, créame que si me he decidido a escribirle es porque le supongo disgustado e incluso algo abatido por el informe que el pasado jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cumplimiento del trámite de audiencia del artículo 124.4. de la Constitución, emitió con la conclusión de que no es usted idóneo para el cargo de fiscal general del Estado, pues ocho vocales de ese órgano entienden que su currículum político es y copio literalmente, «un serio impedimento en aras a garantizar la imagen de autonomía e imparcialidad exigibles».

Apenas comenzar, vaya por delante que, sin renunciar a decirle lo que pienso, el propósito de esta carta no es sumarme al catálogo de reproches que esa mayoría de vocales del CGPJ le dedican. Mi aspiración no es, por tanto un ejercicio de  censura. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, y menos que a nadie, a usted. Naturalmente, tampoco asumiré el papel de defensor suyo, pues a no dudar que se merece usted un letrado de plena confianza y, además, que sea experto en tretas de leguleyo, condición de la que carezco. Quede constancia, por consiguiente, de que con mis palabras no ejerzo de potencial recurrente ni tan siquiera de coadyuvante de quienes, en su caso, tengan pensado impugnar su nombramiento, cosa que quizá ocurrra frente a quienes sostengan que es irrecurrible al ser un «acto político» y no exclusivamente administrativo, pues no le extrañe que los disconformes con su designación argumenten que en su día el Pleno de la Sala Tercera del TS, en sentencia de 17 de junio de 1994, dijo que ese «obstáculo» a la jurisdicción cede cuando están en juego principios constitucionales de forzoso acatamiento.

En relación al meollo del asunto, es decir, a la tacha de inepto que el CGPJ le hace en su dictamen, es cierto que las pegas que le ponen son muy severas hasta el punto de que más de una y de dos pueden calificarse de espantosas, aunque, puestos a ser sinceros, la verdad es que buena parte de ellas son merecidas o, si lo prefiere, se las ha ganado a pulso. Afirmar que no es usted idóneo porque el propio Tribunal  Supremo le ha dicho que en el nombramiento de doña Dolores Delgado como fiscal de Sala y de Derechos Humanos y Memoria Democrática Histórica, incurrió usted en el «vicio de desviación de poder», pues la designación no fue por méritos ni capacidad de la candidata, sino debido a la estrecha relación y al compromiso que mantenía con ella, es realmente letal para su reputación, como lo es acusarle de que hace usted una utilización espuria de las potestades que se confieren a un fiscal general del Estado o cuando en la designación de fiscales para cargos discrecionales es tachado de cacique, que es lo que significa señalar que no ha sido usted transparente ni coherente.

Ahora bien, con todo, para mí la peor de las reprimendas que ha recibido es la que, con mucha razón, le echa en cara el silencio, en buena parte cómplice, que ha guardado usted frente a las intolerables acometidas, tanto públicas como privadas y el escarnio desaforado, sufrido por los miembros de la carrera fiscal que de forma impecable intervinieron y siguen haciéndolo, en defensa de la legalidad y el orden constitucional en los procesos relacionados con los hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017. Una falta de reacción, la suya, que, sin exagerar, permitiría pensar que está usted en sintonía con los promotores de esas campañas y que es lo que han hecho las asociaciones de fiscales y la práctica totalidad de los fiscales de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo que el pasado 21 de noviembre le escribieron expresando su decepción ante la negativa de amparo que le habían pedido.

Así las cosas, parece lógico que una gran parte de la carrera fiscal, de la judicatura y de otros estamentos del Derecho mantengan que carece usted de la aptitud exigible para desempeñar el cargo de fiscal general de Estado. Sin ir muy lejos, recordará que el otro día, con ocasión de la clausura de su último congreso, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) habló de que su designación suponía transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que se plasmó en aquella manifestación ya tristemente popular de «¿la Fiscalía de quien depende?». En términos inusualmente duros, la asociación de fiscales a la que me refiero, considera que el estado de Derecho en España requiere un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley y que, en este sentido, usted no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno.

Señor García Ortiz, la carta se alarga y va siendo hora de concluir. Verá. Si la independencia de un fiscal reside en la imparcialidad, quizá tendría usted que reconocer que no ofrece indicios de serlo, pese a la mucha fe que se ponga en la búsqueda. Al margen de la libertad de cada uno para tener sus propias ideas políticas, no me negara que con las suyas es usted bastante exhibicionista. Digo esto porque aun cuando el gesto pueda pertenecer al ámbito de lo estético, que todo un fiscal general del Estado abrace efusivamente a la señora Díaz, vicepresidenta del Gobierno, en un acto institucional como lo fue la solemne apertura de la XV legislatura, es una muestra de afecto tan falta de prudencia y tan escasa de formas que implica una confesión de parcialidad. Tenga en cuenta y usted lo sabe bien, que no es suficiente con ser imparcial, sino que también hay que parecerlo. O sea, un poco lo de la mujer de César, sólo que al revés, que no le bastaba con ser decente sino que también tenía que serlo no obstante lo peliagudo que le resultaba.

Permítame concluir con el recuerdo de las palabras que Adrián Salazar, fiscal que fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, escribió en 1999, o sea, cuando usted apenas llevaba un año en la carrera. Decía esto: «La experiencia demuestra que los diferentes Gobiernos han primado en muchos casos la afinidad de unas ideas políticas o la fidelidad personal por encima de criterios de capacidad e idoneidad». Y añadía: «Este problema se agudiza cuando la actuación de algunos fiscales generales es percibida por la sociedad como una clara alineación con las posiciones del Gobierno». Mi tesis es que se trata de una cuestión de personas y de libertad. Aun reconociendo que el cargo tiene muchas dificultades, lo que en ningún caso debe hacer un fiscal general de Estado es comportarse como acólito de nadie, para lo cual se necesita bien poco: independencia. Porque usted sabe tan bien como yo, e incluso mejor, que un fiscal general del Estado sumiso al Gobierno que lo nombra es una aberración.

Un fiscal ha ser esclavo sólo de la ley y esto desgraciadamente no es ni ha sido así.

En fin, don Álvaro. Me despido. Me cuentan sus allegados, incluidos los de Lumbrales, de donde es natural, que es usted un hombre que nació para definir qué conductas son buenas y cuáles son malas. Según el Registro Civil, está a punto de cumplir 56 años, circunstancia que permite considerarle una persona joven. Le deseo que al final de su estancia en el escalafón el recuerdo que deje es el de un fiscal que no fue de nadie y, por tanto del Gobierno de turno. El buen fiscal no tiene dueño ni partido. Lo contrario le convierte en servil y hasta sectario.

Acepte mis cordiales y sinceros saludos, a los que sumo el respeto debido.

Artículo publicado en Vozpópuli el 05/12/2023

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