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Justicia en huelga

Los hechos son bien recientes. Desde hace una semanas los funcionarios de la Administración de Justicia están huelga. Lo propio hicieron los secretarios judiciales durante casi dos meses y los jueces y fiscales han anunciado que en breve harán lo mismo. He seguido y sigo las reivindicaciones con la dedicación suficiente como para disponer de datos que me permitan opinar del conflicto con cierta solvencia. Mas antes de hacerlo, quisiera precisar varias cosas.

Una, la primera, que parto de un axioma muy fácil de compartir: la huelga figura en uno de los lugares preferentes de la nómina de los elementos que definen lo que entendemos por sistema democrático. Es más. Desde su reconocimiento como derecho fundamental –véase el artículo 28.2. de nuestra Constitución–, la huelga siempre ha constituido un severo toque de atención, capaz, incluso, de derribar gobiernos.

Otra, la segunda, es que tengo el firme propósito de abordar este asunto sin el menor afán corporativo. Por mucho que quiera a la Administración de Justicia y aprecie a todos sus oficiantes, nada más lejos de mi ánimo que ese mal llamado espíritu de cuerpo que puede encubrir, si no la necedad, sí al menos el error de quienes lo sienten con más pasión de la conveniente. Desde hace años soy un profesional liberal y con la independencia que ofrece el no depender de una nómina, me permito plantear la situación. Tan es así que no tengo reparo alguno en reconocer que si bien es verdad que la mayoría de los funcionarios judiciales trabajan con aplicación y buen aprovechamiento en el mejor servicio a los demás –la Justicia emana del pueblo, dice el artículo 117 CE–, los hay que dan poco golpe y se limitan, con una afición enorme por la contemplación, a ver pasar el tiempo. Este hábito, como bastantes otras malas costumbres, tiende a menguar, pero todavía existe un tanto por ciento considerable de funcionarios que dan la impresión de haber nacido cansados y ejercen la holganza con un ímpetu asombroso.

Y una observación más. Me refiero a que, abstracción hecha de los fines revolucionarios que algunos huelguistas puedan perseguir y ejemplos no faltan, siempre supuse que el derecho a la huelga ha de ejercerse con deportividad y que sólo es buen huelguista quien, en su estado, no renuncia a la educación. La huelga no es actividad de bárbaros y para mí que los funcionarios de la administración de justicia en general se han conducido y se conducen con ánimo atlético –hasta hay pitos y trompetas– en demanda de unos sueldos equilibrados y justos. Los funcionarios se quejan de sus anquilosadas retribuciones y a mi juicio no sin razón. Además, han pedido disculpas a los ciudadanos, sabedores de que ir a la huelga, lo mismo que cuando van los médicos, los pilotos de líneas aéreas o los policías, por citar otros supuestos, son los contribuyentes, los ciudadanos de a pie, quienes de modo inmediato se ven afectados –la cifra es que 3.000.000 de asuntos podrían haber quedado paralizados–, al tiempo que, paradójicamente, la presión se ejerce sobre aquellos que no pueden en absoluto tomar decisión alguna sobre el problema, o sea, cuantos acuden a un juzgado o tribunal en súplica de justicia.

Es cierto que hay gente que considera injustas e incluso provocadoras las subidas de sueldos en la administración de justicia, opinión que obedece al mal concepto que se tiene de ella. A esto ha de sumarse que cuando un gobierno es cicatero con la totalidad de los funcionarios públicos, cualquier subida judicial por encima de los cánones generales se considera, aparte de improcedente, manifiestamente antisocial. No obstante, me pregunto si resultará posible, e incluso imaginable, una reforma de la justicia sin el replanteamiento de la paga de los funcionarios, empezando por los escalafones más bajos.

Hace poco más de un año un periodista me preguntaba si creía que la profesión de juez, tan fundamental en un Estado democrático de Derecho, estaba bien retribuida, a lo que contesté que yo conocía a jueces y magistrados que se conformaban con lo que cobraban a final de mes, aunque a decir verdad, a quienes me refería eran muy pocos. Ahora bien, ¿son los actuales sueldos de los jueces y fiscales los que queremos para nuestra Justicia? ¿Son esas nóminas de los funcionarios de la Administración de Justicia el equitativo pago de un trabajo digno? A nadie que esté puesto al día y sea medianamente sensato se le oculta que por diferentes que sean los parámetros retributivos del sector privado, la actividad pública tiene sus propias exigencias de decoro que aconsejan que las diferencias salariales entre ambos mundos no sean las que son. Admitamos que los sueldos en el sector público no podrán competir nunca con los del sector privado, pero ello no quita que deban reivindicarse unas retribuciones acordes con la trascendencia del oficio. No lo sé, pero mucho me temo que a poco que la resignación de algunos se agote, en un futuro no muy lejano podemos encontrarnos con una muy lamentable situación. La de que espléndidos funcionarios judiciales –aquí van incluidos jueces y fiscales, secretarios y resto del personal judicial–, por el mecanismo de mercado como factor regulador de la oferta y demanda, pasen a engrosar la plantilla de despachos de abogados y con ello se aseste un profundo golpe a una Administración de Justicia que, por definición, tendría que ser capaz de aguantar cualquier competencia. ¿Se va seguir confiando en el prestigio del juez para contrarrestar las tentaciones de un despacho profesional? ¿Habremos de encogernos de hombros y dar por bueno y bien sentado el hecho de que siempre encontraremos jueces y funcionarios de alquiler –me refiero a sustitutos, suplente e interinos– dispuestos a ejercer su trabajo al precio que se les quiera pagar?

La persona no es una realidad que tiene vocación, sino que es sencillamente vocación, nos dice Monnier, y sabio es el consejo de los romanos de age quod agis,que bien pudiera traducirse al castellano como “lo que hagas, hazlo bien”, actitud que ya recomendaba Eugenio D´Ors, quizá el hombre que más ha defendido el trabajo como actitud moral, al margen del estipendio. De acuerdo en esto y en el placer de trabajar por vocación, pero elegir una profesión también es encontrar un modus vivendi, aunque no sólo sea eso. Los funcionarios que aman a su oficio pero que, cada primero de mes, ven que su desnutrida nómina no compensa la entrega, tarde o temprano, se sentirán desmoralizados y aburridos de lo que hacen. Es evidente que las miserias y me refiero no sólo a los sueldos sino también y muy singularmente a la racanería en la dotación de medios materiales, no puede seguir siendo la vía más adecuada para conseguir una Justicia equiparable a la que reclama un Estado moderno.

De siempre, en la administración de Justicia ha habido gente que no se queja. Yo la he conocido y conozco en todos los escalafones. Las protestas de estos días de los funcionarios judiciales, me parecen oportunas y razonables. La mayoría de los huelguistas preconizan que, junto a una nómina decente, se necesita entusiasmo y sacrificio. No son ansiosos y menos, ambiciosos, sino personas que saben bien que con tacañerías presupuestarias es muy difícil levantar un estamento que se está cayendo de las manos, mejor dicho, lo están tirando abajo, y, lo que es peor, sin darnos demasiada cuenta. Mientras los gobernantes españoles no admitan el elemental supuesto de que la Justicia no es un bien mostrenco, jamás estaremos en condiciones de evitar la catástrofe.

No me atrevo a vaticinar si finalmente las reivindicaciones salariales de todos los funcionarios judiciales, a los que deseo suerte, pero sobre todo justicia, llegarán a buen puerto. Pero lo que sí creo es que echar un pulso al gobierno y a su actual ministra de Justicia no tendría que ser un hueso duro de roer. Se me ocurre si quizá la solución no se encuentra a medio camino entre la señora Llop, juez de profesión, y los sindicatos y las asociaciones de uno u otro signo, aunque nada me extrañaría que ese medio camino estuviese demasiado desierto y sé bien lo que digo.            

En fin. Termino, aunque la cosa daría para más. Lo hago recordando lo que el Cardenal Richelieu dispone en su Testamento al afirmar que no hay que servirse de gentes austeras porque son demasiado difíciles. ¿Qué querría decir?

Artículo publicado en El Confidencial el 06/05/2023.

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